Salud mental infanto-juvenil.

Entre una mayor visibilidad y una deuda persistente.

Chile habla hoy mucho más de salud mental en niños, niñas y adolescentes que hace una década. Eso es una buena noticia. La mala es que el aumento de consultas, las listas de espera y las brechas de acceso muestran que el país todavía llega tarde a una parte importante del malestar infanto-juvenil.

Durante años, la salud mental infantojuvenil fue tratada como un asunto periférico. Se hablaba poco, se medía poco y muchas veces se interpretaba como un problema privado, familiar o escolar, más que como una prioridad sanitaria. Ese escenario cambió. Hoy, desde la gestión del gobierno del ex presidente Gabriel Boric la conversación está instalada en escuelas, hogares, medios y políticas públicas.

Pero que el tema sea más visible no significa que esté mejor resuelto. De hecho, la mayor visibilidad ha servido para mostrar una realidad incómoda: el sufrimiento emocional de niños, niñas y adolescentes no era menor antes; simplemente estaba más escondido. El informe Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en Chile (SITAN 2025) de UNICEF lo plantea con claridad al identificar la salud mental como uno de los principales desafíos para el bienestar de la niñez y adolescencia en Chile, subrayando brechas de acceso a diagnóstico y tratamiento, así como vacíos de información para monitorear el fenómeno de forma robusta.

Uno de los datos más ilustrativos del cambio reciente es el uso de servicios. Según Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en Chile (SITAN 2025), las consultas de salud mental de la población de 0 a 19 años en el sistema público pasaron de 33.378 en 2018 a 62.591 en 2023. En el mismo período, su participación dentro del total de consultas de salud mental subió de 14,6% a 19,3%.

La tentación inmediata es concluir que “todo empeoró”. Pero esa lectura es incompleta. El mismo informe advierte que estas tendencias también pueden estar mostrando mayores facilidades de acceso o una mayor oferta que compensa una necesidad antes insatisfecha, y que por sí solas no prueban un deterioro automático de la salud mental infantojuvenil.

Eso obliga a una lectura más fina. Sí, hay señales de aumento del malestar. Pero también hay más conciencia, más disposición a consultar y una legitimidad social mayor para pedir ayuda. En cierta medida, el problema creció; en otra, comenzó a verse.

Aunque no todo aumento de demanda equivale a una crisis en el mismo sentido, algunos indicadores sí encienden alarmas serias. En 2022, 13,3% de los adolescentes entre 15 y 19 años declaró estar en tratamiento de salud mental, más del doble que el 5,5% registrado en 2018. La diferencia por sexo también es relevante: 17,2% en mujeres frente a 9,5% en hombres.

A eso se suma el suicidio, probablemente el dato más duro de todos. El SITAN 2025 reporta 100 suicidios en la población de 5 a 19 años en 2024, y advierte que en 2023 y 2024 disminuyeron los casos en el grupo de 18 y 19 años, pero aumentaron en 11,3% los de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años respecto de 2022.

El mensaje de fondo es claro: la salud mental adolescente no puede seguir tratándose como una dimensión complementaria del bienestar. Está en el centro.

Otro hallazgo importante es que el acceso está distribuido de manera desigual. El mismo estudio de UNICEF muestra brechas por nivel socioeconómico: en 2022, 31,6% de los adolescentes de nivel socioeconómico alto declaró estar en tratamiento, frente a 13,8% en el nivel medio y 10,8% en el nivel bajo. El propio informe advierte que esto podría estar más relacionado con mayores posibilidades de acceso a diagnóstico y tratamiento que con una prevalencia necesariamente mayor de problemas de salud mental.

Este punto es decisivo. En salud mental no basta con preguntar quién sufre más; también hay que mirar quién logra transformar ese sufrimiento en atención efectiva. Y en Chile, como en otras áreas del bienestar, las desigualdades sociales siguen ordenando buena parte de la experiencia real de acceso.

Sería injusto decir que no ha habido avances. El plan Construyendo Salud Mental del Ministerio de Salud, en el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, reconoce un enfoque comunitario, preventivo y basado en derechos, y dedica una línea específica al abordaje de las necesidades de salud mental en niños, niñas y adolescentes, especialmente en quienes están bajo protección del Estado. El documento señala además que gran parte de sus estrategias transversales tienen foco prioritario en la infancia, incluyendo formación de profesionales, prevención del suicidio y desarrollo de dispositivos específicos para NNA.

El problema es que la expansión de la política pública convive con una capacidad todavía insuficiente. Según un estudio de la Superintendencia de Salud, a marzo de 2025 existían 38.915 interconsultas en lista de espera para consultas nuevas de especialidad por salud mental en el sistema público. De ellas, 35,9% correspondía a psiquiatría pediátrica y de la adolescencia. El mismo documento agrega que, del total de 2.970 psiquiatras inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), solo 22,6% tenía la especialidad de psiquiatría pediátrica y de la adolescencia.

La brecha también aparece en la planificación del propio Minsal. Construyendo Salud Mental estima para el período 2022-2025 una brecha de 857 cargos de psiquiatra entre adultos e infanto-adolescente, y proyecta el ingreso de 61 especialistas en psiquiatría pediátrica y de la adolescencia entre 2023 y 2025. Es una señal de avance, pero también una admisión de que el déficit es estructural.

La gran lección que deja este panorama es que la salud mental infantojuvenil no se resuelve únicamente con más consultas de especialidad, aunque esas sean indispensables. El problema empieza mucho antes: en la escuela, en la convivencia, en la violencia, en la inseguridad material, en el aislamiento y en la falta de apoyo oportuno.

Por eso, el desafío para Chile no es solo ampliar la red, sino intervenir de forma más temprana y más justa. Eso implica mejores datos, más capacidad en atención primaria, más especialistas, más articulación con educación y protección social, y menos desigualdad en el acceso real al diagnóstico y tratamiento. También implica una decisión política más profunda: dejar de considerar la salud mental infanto-juvenil como una respuesta tardía a la crisis, y asumirla como una condición básica del desarrollo.

La mayor visibilidad de la salud mental infanto-juvenil en Chile es un avance real. Pero visibilizar no basta. El paso siguiente es convertir esa conversación en decisiones concretas: más prevención, más intervención temprana y una red pública capaz de acompañar a niños, niñas y adolescentes antes de que el malestar se transforme en urgencia.

Porque hoy el problema ya no está oculto. Lo que falta es que la respuesta esté a la altura.

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Referencia

• UNICEF. Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en Chile (SITAN 2025).

  
  

• Superintendencia de Salud, Departamento de Estudios y Desarrollo. Salud Mental y Problemas de Salud con GES: Uso en el Sistema Chileno de Salud. Julio de 2025.

  
  

• Ministerio de Salud de Chile. Construyendo Salud Mental. 2024.