¿Eficiencia fiscal o retroceso social? Los riesgos del Presupuesto 2027 para las políticas públicas en Chile.

Cuando hablamos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2027, podemos identificar riesgos relevantes para las políticas públicas. Lo que permite aseverar que, detectamos que su diseño podría generar determinados efectos que dañan la soberanía de la nación y las vidas de las personas. Un problema central relacionado con los riesgos no es solo cuanto se gasta, sino qué caracterización del Estado se está priorizando.

El proyecto 2027 establece una lógica bastante clara: Se cree que la consolidación fiscal depende de la focalización de los recursos, considerando la evaluación de los programas sociales y estableciendo que aquello debe apuntar al crecimiento económico por vía de la inversión privada. Esto significa que las instituciones deberán ordenar sus prioridades dentro de un marco presupuestario que se proyecta a cinco años, dejando una pregunta al descubierto ¿Las decisiones actuales deben ser compatibles con lo que el Estado pueda sostener en el futuro? Y claramente, el debilitamiento del Estado coloca en riesgo esta idea de sustentabilidad.

A pesar de ello, uno podría pensar que un ajuste fiscal es razonable desde la perspectiva de responsabilidad social y sustentabilidad fiscal. El problema de la propuesta en materia de política pública aparece cuando la restricción, los ajustes y los recortes, terminan convirtiéndose en el criterio dominante para determinar qué necesidades, problemas y segmentos de la sociedad, son atendibles. En el fondo este problema plantea que no se realiza la diferencia importante, evitando responder la pregunta ¿Qué políticas producen mayor bienestar social? y sobreponiendo la idea de priorizar solo las políticas que se pueden financiar según el modelo de administración propuesto, que deja, además, un espacio fiscal estrecho y poco disponible.

Esto coloca el riesgo de convertir la evaluación de programas en una lógica demasiado economicista tratando de plantear una realidad que es bastante lejana a esa visión impuesta. Este proyecto señala que 590 programas en 23 ministerios fueron revisados y que los programas con mejores resultados tienden a recibir mayores incrementos presupuestarios y, por otro lado, la reducción y cierres de aquellos que no pasan sus evaluaciones. En principio, se reconoce que evaluar políticas públicas es positivo pero el gobierno tiene un problema metodológico importante. Un programa puede tener bajo rendimiento medido en determinados indicadores y, aun así, ser socialmente indispensable. Por ejemplo, cuando las políticas dirigidas a personas con discapacidad severa; salud mental compleja; niños gravemente vulnerados; personas en situación de calle; prevención de violencia; reinserción social; y comunidades rurales aisladas, pueden producir resultados difíciles de observar en el corto plazo.

Por eso, si eficiencia significa fundamentalmente resultados cuantificables por peso gastado produce el riesgo de privilegiar programas que exponen resultados a corto plazo y medibles, sin considerar su impacto en el tiempo por sobre políticas cuyo beneficio es preventivo, acumulativo o intergeneracional. En este mismo documento se plantea profundizar el vínculo entre desempeño y presupuesto como único eje evaluativo. Ese es uno de los puntos relevantes al momento de visualizar el problema que plantea el gobierno de José Antonio Kast.

El desarrollo que se ha venido realizando permite comprender que la focalización que señala el gobierno puede producir un exclusión profunda. Un elemento importante acá, es que el proyecto plantea extender progresivamente los cruces automatizados de información para determinar si las personas siguen cumpliendo los requisitos de los beneficios sociales. Indica que en una primera etapa considera 21 programas y cruces con información del SII, Registro Social de Hogares, Registro Civil y PDI, colocando como objetivo declarado el evitar los pagos indebidos.

Permítanme un paréntesis en este apartado para luego continuar. Cuando se plantea realizar un cruce de información con la PDI y otros estamentos de funciones similares, lo que se plantea es llevar a cabo la política que persigue ciertas incivilidades que puedan cometer algunos ciudadanos. Esto es un problema de derecho en cuanto a cumplimiento de sentencias condenatorias, las cuales, serían doblemente aplicadas a un mismo sujeto en relación a delitos. Pero, en el ámbito de las infracciones, estas serían elevadas a un tipo de sentencia injustificada que atraviesa los derechos de las personas al perder los beneficios sociales que el Estado entrega según necesidades de las personas y sus familias.

Volviendo al punto anterior que se venía desarrollando. Con esta idea de cruces automatizados existe el riesgo de que una persona que sí necesita el beneficio queda fuera por información desactualizada, incompleta o mal clasificada, traduciéndose esto en un costo social incalculable. Es el mismo proyecto que reconoce, que una inconsistencia puede ser simplemente un dato desactualizado o un error administrativo. Eso no puede dejarse pasar por el efecto que genera. Pues, una política social altamente automatizada puede ser eficiente administrativamente y, al mismo tiempo, producir barreras de acceso que afecte a las familias más vulnerables del país. Por tanto, el punto crítico no es necesariamente "cruzar datos", sino garantizar que esta automatización no genere daños, considerando la necesidad de intervención de agentes humanos que verifiquen si hay errores en la aplicación de las desiciones. Por supuesto, además deben darse las garantías de que las personas tengan el derecho a reclamar y que efectivamente estos reclamos sean tomados como reales y gestionarlos siempre en favor de las personas. Por tanto, la actualización de los datos es un elemento sensible en estos tipos de desiciones administrativas y si esto no considera una responsabilidad de gestionar la actualización de manera responsable y en presente, claramente, muchas familias quedan sin acceso a las políticas publicas. Y, por último, lo más importante es el manejo de la protección de los datos de cada usuario. Ni el Estado, ni la política, las empresas o las corporaciones, tengan acceso y puedan manipular sus datos.

Continuando con el tema central, es importante considerar un elemento que no se ha hablado mucho respecto a esta propuesta presupuestaria y es: este gobierno deja implantado un supuesto de que el crecimiento económico permitirá financiar el bienestar lo cual, es una apuesta y no una garantía. Lo que nos indica el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República, que la sostenibilidad fiscal queda vinculada al crecimiento económico colocando el énfasis en la inversión, empleo, infraestructura y agilización de permisos. Un elemento relevante es que se fortalece la Oficina de Autorizaciones Sectoriales (OASI), cuyo presupuesto aumenta 48,5%, con el objetivo de reducir tiempos de tramitación de proyectos empresariales. Pero si miramos con atención aparece una cuestión estructural en ello y es ¿El crecimiento económico es una condición previa para financiar derechos sociales o el Estado también debe utilizar activamente el gasto social para producir capacidades económicas? Aquí nos encontramos con dos concepciones distintas. Lo primero es, el riesgo del primer enunciado de la pregunta y es que, si el crecimiento esperado no se materializa, el Estado puede quedar con menos margen para financiar políticas públicas con énfasis sociales futuras. lo que significa que, ante el crecimiento esperado llevará a mayor recaudación, por tanto, mayor capacidad fiscal, decantando en sostenibilidad social. Pero esto es una cadena de supuestos, lo cual lleva a que si falla el primer eslabón, todo el mecanismo se tensiona y fracasa.

Un riesgo que se anticipa es que, el aumento nominal no necesariamente equivale a un fortalecimiento real. Este elemento es particularmente importante. El proyecto presentado muestra numerosos aumentos presupuestarios, pero como lo puntualicé anteriormente, un aumento nominal no significa necesariamente un aumento de la capacidad real del Estado. Algo que no se transparenta en la propuesta es que existen factores que inciden en materia económica al momento de establecer las partidas presupuestarias y es que, hay que considerar fenómenos económicos como la inflación, el crecimiento de la población beneficiaria; el aumento de los costos laborales; la demanda creciente; listas de espera; el envejecimiento de la población; y el aumento de complejidad de los casos, entre otros factores. Por lo tanto, es necesario distinguir nuevamente entre, el aumento del presupuesto y la capacidad efectiva de atención que aumenta con el tiempo. Estas son dos cosas diferentes que deben ser consideradas al momento de discutir un aumento presupuestario.

Sin salirnos de la cuestión económica, es necesario observar algo que es relevante. Este proyecto introduce una combinación entre restricción fiscal, con una planificación a cinco años, con una evaluación de desempeño restrictiva, con la búsqueda de focalizar la política pública, una automatización que permita lo anterior, para llegar a una supuesta eficiencia de los recursos. Eso, lo que nos indica es que se trata de implantar un nuevo modelo de administración pública. Lo que significa que el Estado comienza a funcionar cada vez más, bajo una lógica de demostrar resultados para justificar recursos y así mantener financiamiento. Y, el problema de esto, es que las políticas públicas no son todas iguales. por ejemplo, una carretera puede medirse en kilómetros construidos. Pero, una política de salud mental puede requerir años para producir efectos. Como una intervención con un niño vulnerado puede evitar un daño que nunca llegará a observarse estadísticamente. O, una política de prevención del delito puede tener éxito precisamente porque el delito no ocurrió. Por eso, existe un riesgo de que el Estado termine financiando mejor aquello que es más fácilmente medible y no necesariamente aquello que produce mayor bienestar social.

Por último, la pregunta técnica que queda es ¿Qué tipo de Estado está construyendo este presupuesto y qué capacidades estatales puede fortalecer o debilitarse en el mediano plazo? Y, ahí, aparece un elemento especialmente relevante: el proyecto no parece plantear solamente una distribución diferente del gasto; plantea cambiar los criterios mediante los cuales el Estado decide qué y quién merece ser financiado. Ese es probablemente el aspecto que merece un análisis más profundo ya que, así como se está planteando estamos frente a un riesgo de exclusión hacía una parte importante de la población beneficiaria.